La Comisión Europea admitió que está analizando si las expulsiones de gitanos de Francia, a cambio de 300 euros, fueron realmente voluntarias. O si por el contrario, como sostiene el Gobierno rumano, parte de estas deportaciones "pactadas", según París, fueron realmente realizadas bajo amenaza de repatriarlos por la fuerza, aceptasen o no ese dinero.
La Comisión Europea reacciona así un día después de la visita que efectuó a Bruselas el ministro francés de Inmigración, Éric Besson, y el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, para intentar convencer al Ejecutivo comunitario de que las expulsiones de ciudadanos rumanos y búlgaros de etnia gitana respetan "escrupulosamente" las leyes europeas.
La cuestión es clave para determinar si Bruselas tomará medidas contra el Gobierno francés, ya que la Comisión Europea considera que las repatriaciones voluntarias escapan a su competencia porque son responsabilidad de los países comunitarios.
Por su parte, la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, expuso ante sus compañeros un informe jurídico "preliminar" sobre las casi mil expulsiones llevadas a cabo en apenas un mes por el Gobierno del presidente francés Nicolas Sarkozy. Será sobre esta base sobre la que la Comisión decida si abre o no un proceso de infracción a Francia por este asunto. Libertad de movimiento
En todo caso, el portavoz de Justicia de la Comisión Europea, Matthew Newman, aseguró que el análisis que están efectuando se basa fundamentalmente en determinar si las deportaciones violan la directiva europea de libertad de movimientos o la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
En este contexto de tensiones entre las autoridades europeas y París, una delegación de la Comisión se reunirá hoy con eurodiputados de la comisión de Justicia para abordar esta cuestión. A finales de semana celebrará otra reunión "de carácter técnico" con miembros del Gobierno francés.
